1.
Introducción
La crisis ambiental y el cambio climático imponen la necesidad de replantearse las relaciones del ser humano con la naturaleza. Las actividades productivas y de conservación deben manejarse en un marco de equilibrio de utilidad racional entre hombre y naturaleza, desafíos que la sociedad debe afrontar (Reyes et al., 2022; Toapanta y Ricardo, 2017; Villarreal y Bastidas, 2021). Es así que, en los últimos 25 años se ha incrementado, en forma significativa, la preocupación en el mundo sobre la capacidad del planeta de soportar la demanda de recursos naturales, debido a la acelerada dinámica económica de estos últimos cien años y el crecimiento poblacional paralelo (Boyolo, 2012).
Existe un dilema entre expansión económica y sostenibilidad ambiental (Boyolo, 2012). El mundo actual se encuentra en un proceso de transición entre el modelo tradicional de la empresa capitalista, cuyo objetivo básico es crear valor para sus accionistas, hacia otro que tiene como pilar básico el desarrollo sostenible y la generación de valor para los stakeholders (Fernández, 2005), lo cual no significa que la sostenibilidad está reñida con la generación de riqueza, pues el objetivo es mantener tanto a la empresa como a la sociedad (Miranda et al., 2022).
Por otro lado, debido a los abusos por parte del sector privado, en perjuicio de los derechos humanos y la falta de estándares regulatorios a nivel global, surge la necesidad de expedir una regulación de las actividades empresariales para que su ejercicio sea respetuoso de los derechos humanos (Tole y Lancheros, 2021).
La nueva visión del siglo XXI requiere que se reinventen las estructuras productivas de las empresas, otorgando importancia al cuidado del ambiente y la salud para millones de personas y teniendo como fundamento la responsabilidad social empresarial (RSE). Los consumidores, por su parte, están dispuestos a pagar un poco más por productos o servicios que contribuyan a cuidar el planeta Tierra y sean benéficos para la salud y el bienestar personal (Andrade et al., 2020; Cardona, 2018). A raíz de esta situación, muchas empresas han buscado transformar su modelo de negocio para mantenerse en el mercado (Villarreal y Bastidas, 2021).
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se convirtió en la hoja de ruta y proyección de empresas socialmente responsables (Andrade et al., 2020). Diversos mercados han ido entrando a la tendencia verde, unos más rápidos y exitosos que otros. Sin embargo, de acuerdo a Duque et al. (2022), la sostenibilidad, que se ha venido consolidando como una tendencia frente a la situación ambiental y de los ecosistemas, requiere del compromiso de gobiernos, empresas, instituciones y personas para generar un impacto positivo en el ambiente. Se debe tener presente que la sostenibilidad no se reduce a los aspectos de la gestión ambiental, sino a muchos componentes implícitos o explícitos de sostenibilidad social, económica y política, que tienden a ser ignorados o minimizados (Anastasopoulos, 2019).
En el ámbito regional, las normas relacionadas con los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales son recientes (Tole y Lancheros, 2021). Actualmente las empresas han reconocido su responsabilidad en el mejoramiento del ambiente, no como respuesta a los requerimientos exigidos por normas jurídicas e imposiciones gubernamentales, sino por el convencimiento de que la sensibilidad empresarial hacia el ambiente es clave (Lacruz, 2005). La responsabilidad social es un modelo aplicable a todo tipo de organización, en cualquier actividad o país, para valorar y comparar su contribución al desarrollo sostenible (Tole y Lancheros, 2021). En base a lo mencionado es importante la generación de un marco regulatorio. Los países latinoamericanos, ante esta realidad, deben alinearse con esta nueva visión y establecer políticas públicas que vayan encaminadas hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Andrade et al., 2020).
Es imperativa la implementación de un modelo económico que propicie un desarrollo humano sostenible, que ponga en marcha una profunda transición energética, un desarrollo que posibilite la gestión, que garantice la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, etc. La construcción de un futuro sostenible no es algo que pueda posponerse, es la única vía para superar la crisis (Educadores por la Sostenibilidad, 2012). Sin embargo, no existe un alto número de referencias a autores de la región, ni citas comunes, lo que refleja que aún queda un largo camino por recorrer en la investigación sobre información de sostenibilidad en Latinoamérica (Hernández-Pajares, 2023). Con estos antecedentes, el objetivo de este estudio es analizar algunos aspectos relevantes relacionados con la sostenibilidad en Latinoamérica, a nivel macro, empresarial y legal, a través de una revisión de la literatura.
2.
Marco teórico
La definición de desarrollo sostenible se consolidó en el informe Brundtland (WCED, 1987) siendo aquel que “permite la atención a las necesidades que tienen las nuevas generaciones sin poner en compromiso las necesidades que tienen las generaciones futuras” (Muñoz y Macías, 2022).
A partir de la propuesta de los 17 ODS, que surgieron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en 2012, para apoyar la urgente transición global hacia un bienestar compartido, se considera a las empresas, las ciudades y la sociedad civil como nuevos agentes de cambio (Goel et al., 2021). Los ODS, al equilibrar las tres dimensiones esenciales (sociedad, economía y ambiente) proporcionan una ruta para que los países articulen y formulen políticas relacionadas con el desarrollo sostenible (Guerrero-Gómez et al., 2021)
Dentro de este contexto, para Pedersen et al. (2018) la sostenibilidad de las empresas puede entenderse en un sentido amplio como la capacidad de satisfacer sus propias necesidades futuras en la máxima medida posible, sin comprometer los intereses de sus partes interesadas.
La sostenibilidad se presenta como una oportunidad de cambio y transición hacia una nueva forma de hacer negocios, término que se usa en conjunto con “desarrollo sostenible” y “responsabilidad social empresarial” (Muñoz y Macías, 2022). En las múltiples definiciones de responsabilidad social se plantea el respeto por los valores éticos, por las personas, por las comunidades y por el ambiente (Burgos, 2018). La sostenibilidad es un concepto que emerge a finales del siglo XX, el cual indica la capacidad de mantenerse en la existencia sin interrupción ni disminución (Anastasopoulos, 2019). Una empresa sostenible es capaz de crear valor económico, ambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo de esa forma al aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones presentes y futuras (Reyes et al., 2022).
Para (Dong y Zhang, 2022) el desarrollo sostenible de las empresas se refiere a considerar objetivos de rentabilidad a corto plazo y rentabilidad sostenible a largo plazo, mientras se produce con fines de lucro. Mientras que para (Pieloch-Babiarz et al., 2021) se refiere a una mejora de las condiciones cuantitativas y cualitativas de gestión pro ecológica de una empresa, el apoyo al desarrollo de los empleados y adopción de estándares.
Anastasopoulos (2019) asevera que existen vínculos entre una economía de escala y la sostenibilidad, que el escalar en la sostenibilidad hace hincapié en las interdependencias entre los varios niveles y las diversas facetas de la vida y la actividad humana, tales como el ambiente, la sociedad y la economía. Ver figura 1.
Figura. 1
Diagrama del concepto de sostenibilidad escalar
Fuente: Anastasopoulos (2019)
Según Guerrero-Gómez et al. (2021) asociado a la sostenibilidad empresarial, la transparencia es un eje importante, por lo que la divulgación de los informes de sostenibilidad generalmente se presenta de acuerdo con los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI), se considera uno de las herramientas más confiables (Cunha de Mascena et al., 2020). Las directrices GRI proporcionan un conjunto de indicadores que permiten a todo tipo de empresas divulgar sus resultados de desempeño de sostenibilidad, sociales, ambientales y económicos (Moggi, 2023).
Otro instrumento para elaborar informes de impacto de gestión es la norma ISO 26000 que refleja a través de estándares la gestión de la responsabilidad social en las empresas (Balzarova y Castka, 2018), actualmente a la sociedad en general, le interesa conocer sobre este tema (Hahn, 2012).
Para Metz et al. (2016), muchas empresas ven la sostenibilidad como un costo, una obligación legal y social que requiere de inversiones que tal vez nunca se recuperen, en lugar de ser una oportunidad. Sin embargo, la sostenibilidad puede ser la base para aumentar la ventaja competitiva, crear valor empresarial, ser la base para una innovación eficaz. Bustamante (2020) manifiesta que en el mercado están aumentando las demandas relacionadas con sostenibilidad, por lo que las empresas deben alinearse con la innovación de sus procesos bajo esta línea.
Para Forcadell et al. (2019), la sostenibilidad corporativa puede asociarse con los tres pilares de ESG (ambiente, social y gobernanza) e incluir innovación tecnológica, organizacional y de modelos de negocios. Según Tura et al. (2019) para resolver estos complejos desafíos de sostenibilidad se requiere que las empresas combinen los aspectos ambientales, organizacionales y sociales para crear valor de mercado.
Por otro lado, lograr el desarrollo sostenible depende de integrar el consumo y producción responsables, desde esta perspectiva los gobiernos pueden promover políticas destinadas a aumentar la sostenibilidad de la producción en el sector privado y el consumo sostenible de las sociedades (Stevens, 2010). Igualmente, para Bradley (2021) en la transición hacia una economía más sostenible son muy relevantes la producción y el consumo sostenibles.
3.
Metodología
El desarrollo de este estudio se basó en una revisión bibliográfica de carácter exploratorio, con un enfoque descriptivo. En esta investigación se revisó la literatura existente sobre la sostenibilidad y la sostenibilidad empresarial en Latinoamérica, así como también se consolidaron estudios relacionados con el marco regulatorio de uno de los modelos de sostenibilidad empresarial que mayor fuerza está teniendo en Latinoamérica, que hace referencia al reconocimiento de las empresas de beneficio e interés colectivo (BIC).
Las palabras clave utilizadas para la búsqueda fueron: sostenibilidad, triple impacto, sociedades BIC, ambiente, responsabilidad social; y en inglés sustainability, triple impact, BIC companies, environment, social responsibility. Las características de las fuentes utilizadas son las siguientes: 69 fuentes bibliográficas, de las cuales 57 son artículos, 1 libro, 1 anuario, 7 reportes y 2 informes; de las cuales 39 poseen DOI. Los estudios en su mayoría provienen del Ecuador (10), a nivel latinoamericano (11), Chile (4), Colombia (4), Brasil (3), España (3), Perú (2), y el resto de estudios tiene un alcance mundial. Con respecto al año de publicación, 45 fuentes corresponden a los últimos 5 años (2019-2023). Las bases de datos de las que se obtuvieron las fuentes investigadas fueron Web Of Science (16), Scielo (9), Redalyc (6), Scopus (3), Google Scholar (33) y una página oficial.
4.
Resultados
Sostenibilidad en Latinoamérica
América Latina es una de las masas continentales más grandes del mundo. Con casi 20 millones de kilómetros cuadrados, representa el 13% de la superficie terrestre. Incluye la más grande diversidad biológica y es el hogar de una parte importante de las reservas mineras mundiales en litio, plata, cobre y estaño (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020), desafortunadamente, es una región que aún no ha encontrado un modelo de desarrollo compatible con las abundantes rentas de los recursos naturales y los altos niveles de desigualdad. Por otro lado, las preferencias de consumo de la población, el modelo exportador primario y la especialización en servicios podría exacerbar el deterioro ambiental (Alvarado et al., 2021). Acogiendo la recomendación de algunos autores que consideran que la zona latinoamericana es un entorno propicio para el estudio de nuevos fenómenos, debido a sus características particulares (Hernández et al., 2021), se realiza un acercamiento al tema de la sostenibilidad revisando algunos estudios de corte macro.
Kazemzadeh et al. (2022) buscaron responder a la pregunta de si la desigualdad de los ingresos y la complejidad económica impactan en la huella ecológica, usaron para ello una regresión de cuantiles en panel para 25 países, entre los que se encontraban 5 latinoamericanos desde 1970 a 2016. Concluyeron que, en los cuantiles más bajos, el índice de complejidad económica afecta positivamente a la huella ecológica, pero no en los cuantiles más altos. El consumo de combustibles fósiles, el crecimiento de la población y la desigualdad de ingresos afecta positivamente a la huella ecológica en toda la población estudiada. Recomiendan el fomento de la inversión en tecnología verde, diversificación de exportaciones de productos sofisticados y bienes de capital, estímulo a la complejidad económica, control del crecimiento de la población, impulso de la apertura económica e implementación de medidas para frenar la desigualdad de ingresos. De manera similar, Alvarado et al. (2021), analizaron la degradación ambiental asociada con la huella ecológica en Latinoamérica en el periodo 1980-2016, de 17 países de Latinoamérica, divididos en subgrupos como: países de ingresos altos (Chile y Uruguay); ingresos medio altos (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Perú y Venezuela); y países con ingresos medio bajos (Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras). Los hallazgos indicaron que el impacto de la complejidad económica y las rentas de los recursos naturales es heterogéneo a lo largo de la distribución, así el impacto de la complejidad económica en la huella ecológica en los países con ingresos altos e ingresos medio altos es positivo y significativo, mientras que, en los países con ingresos medio bajos, el efecto es negativo. García (2016) analizó la propuesta del gobierno chileno en 2009, de reducir los gases de efecto invernadero un 20% por debajo de la proyección empresarial habitual para el año 2020, mediante la imposición de un impuesto al carbono. Se comparó la economía antes y después de la aplicación del impuesto, mediante un modelo estático computable de equilibrio general, utilizando cuatro agentes: los hogares, el gobierno, la inversión y el resto del mundo. Se concluyó que es más conveniente gravar a los productores que a los consumidores, ya que el impuesto supondría una caída del PIB del 2,3% si se aplica a hogares y del 2% si se aplica a empresas, siendo los sectores más afectados el de refinación de petróleo, transporte y electricidad, con una contracción entre el 7 y 9%.
Sostenibilidad empresarial en Latinoamérica
Aunque Latinoamérica no es una región avanzada en temas de sostenibilidad, en los últimos años se han desarrollado varios estudios sobre sostenibilidad empresarial en la zona y se observan esfuerzos interesantes para introducir en las organizaciones distintos tipos de prácticas de sostenibilidad. El estudio de Simões y Roder (2021) analiza las razones por las que las empresas deciden implementar actividades de sostenibilidad, y menciona que son 4 las motivaciones principales: la legitimidad, que es la percepción de que las acciones son apropiadas dentro de un sistema, normas o creencias; el éxito de mercado, que hace referencia al incremento de facturación y valor de marca; el mejoramiento de los procesos, que hace referencia a la optimización relacionada con los costos del uso de recursos ecológicos, y la reputación de la compañía.
Dávila et al. (2018) reconocen que la participación de los stakeholders es fundamental para que las empresas puedan generar impacto social y exploran los mecanismos de participación de los grupos de interés en empresas multinacionales fundadas en América Latina. Al analizar 28 reportes de sostenibilidad corporativa, identificaron cuatro mecanismos para comprometer a los stakeholders: (1) compromiso con las organizaciones locales, (2) diálogo continuo con los miembros de la comunidad, (3) generación de redes de voluntarios para las actividades sociales de las empresas, y (4) creación de instituciones de infraestructura social. En este contexto, un stakeholder que juega un papel preponderante para un exitoso modelo de negocios sostenible es el consejo de directores (CD). Husted y Sousa (2019) estudiaron la relación entre la estructura del consejo y la reportería ASG (ambiental, social y de gobernanza), analizaron 176 compañías latinoamericanas (Brasil, Chile, Colombia y México) y estudiaron cuatro de los aspectos más ampliamente analizados del gobierno corporativo: tamaño del consejo directivo, presencia de mujeres en el CD, el hecho de que uno de los directores ejecutivos ocupe la presidencia del CD, y finalmente la presencia de directores independientes. Los hallazgos indicaron que el tamaño de la junta y la presencia de directores independientes impactan positivamente en la reportería ASG, pero la presencia de mujeres en la junta directiva y la dualidad del director ejecutivo impactan negativamente en la reportería ASG.
Reyes (2021) afirma que la sostenibilidad empresarial requiere de un cambio de cultura organizacional, por ello, realizó una intervención en una empresa procesadora de material reciclable cubana, identificó los patrones culturales disfuncionales para luego diseñar e implementar un programa de entrenamiento sociopsicológico que permitiera modificarlos. Al evaluar el programa se detectaron resultados exitosos, como un mayor compromiso de los trabajadores con la misión de la empresa. Duque y Aguilera (2019) examinaron si el desempeño financiero (DF) de una empresa está asociado con un desempeño ESG superior en multinacionales en mercados emergentes de América Latina. Se utilizó un panel de datos extraído de la base de datos Thomson Reuters EikonTM de 104 multinacionales de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, entre 2011 y 2015. Los resultados sugieren que la relación entre la puntuación ESG y el DF es significativa y estadísticamente negativa. Con el objetivo de evaluar los resultados de las mujeres en puestos directivos y su efecto en el campo económico y de sostenibilidad en Chile y Colombia, Reyes y Briano (2018) proponen un índice de sostenibilidad basado en información GRI (Global Reporting Iniciative) que integra las dimensiones ambiental, social y económica con un panel de datos con 491 observaciones en el período 2011-2016. Los hallazgos muestran que la presencia femenina en puestos de liderazgo favorece la dimensión económica (rentabilidad y liquidez), mientras que las ambientales y sociales se ven disminuidas.
Pérez (2021) desarrolla una investigación comparativa entre empresas de España y de Latinoamérica, en referencia a cómo comunican las acciones de responsabilidad social y de sostenibilidad en sus páginas WEB. Analiza 68 empresas, evalúa la accesibilidad a la información y la evolución a través del tiempo de su prominencia y redacción. Los resultados indican una tendencia hacia una mayor uniformidad tanto en España como en América Latina, con el discurso de responsabilidad social corporativa/sostenibilidad ganando en prominencia, así también, los términos relacionados con la “responsabilidad” son reemplazados gradualmente por los relativos a la “sostenibilidad”. Villasmil (2019) estudia la aplicación de la contabilidad ambiental en empresas venezolanas de extracción de minerales no metálicos y concluye que, a pesar de la existencia de regulaciones estatales, existen debilidades en el tratamiento contable de aspectos ambientales. Un estudio similar desarrollado por López (2019) evalúa la aplicación de la contabilidad ambiental en una distribuidora ecuatoriana de combustibles, identifica la carencia de cuentas ambientales para la presentación de los estados financieros y una gestión ambiental limitada. Genari y Macke (2022), buscaron identificar el impacto de las prácticas de gestión sostenible de recursos humanos en el compromiso organizacional con una muestra de empleados vinculados a seis empresas clasificadas en el índice de sostenibilidad de BOVESPA. Se estudiaron tres dimensiones: atracción y retención de profesionales, mantenimiento de empleados motivados y saludables, y desarrollo de las habilidades profesionales. Se concluye que este tipo de prácticas tienen un efecto positivo, tanto en el compromiso afectivo (deseo de permanecer en la empresa) como en el compromiso normativo (sentimiento de obligación y lealtad hacia la organización). Valencia et al. (2019) plantean un modelo basado en la dinámica de sistemas, que integra elementos del análisis matemático y estadístico y aspectos de desarrollo sostenible, aplicándolo a una empresa colombiana fabricante de electrodomésticos. El estudio determina que esta metodología permite la planificación de escenarios que incluyen aspectos clave de la sostenibilidad empresarial, como el consumo de energía, la producción de residuos sólidos y la administración del talento humano.
La investigación de Contreras (2018) revela la existencia de prácticas de decoupling, término utilizado para referirse a la desconexión entre el discurso y la acción, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Luego de analizar el caso particular de una minera colombiana, el autor determina que este es un fenómeno real que fue parte del accionar de la empresa estudiada, reflejado en el incumplimiento de compromisos, ocultamiento de hechos, falsedad de información, etc. Loza (2020), demostró las consecuencias de la introducción de nuevas regulaciones para la divulgación de acciones de sostenibilidad en las empresas peruanas entre el 2014 y 2017. La metodología fue el análisis cuantitativo de contenido con enfoques multidimensionales. Los resultados muestran que para el caso peruano los requisitos regulatorios tienden a desalentar los esfuerzos de las empresas por la credibilidad de los documentos de divulgación de sostenibilidad. Barragán y López (2021) examinaron la relación entre la internacionalización acelerada de las empresas y variables como: vacíos en instituciones formales, instituciones informales locales, certificaciones de sostenibilidad empresarial, redes de innovación y ubicación de la ciudad. Los autores mencionan que el preocuparse del ambiente y el tener certificaciones ambientales aumenta la probabilidad de internacionalizarse aceleradamente.
Marco normativo para organizaciones sostenibles en Latinoamérica
Las organizaciones actúan de manera sostenible cuando integran paralelamente todas las dimensiones del triple impacto (Braccini & Margherita, 2019). El surgimiento de las sociedades de beneficio e interés colectivo (BIC), representa la figura societaria enfocada en un nuevo paradigma para los negocios, que ha surgido con más fuerza en América Latina. Las sociedades BIC tienen personalidad jurídica y finalidad de lucro, el modelo propone una vinculación entre la actividad empresarial y la posibilidad de generar impacto social y ambiental positivo a través del propósito de la empresa (O’toole y Vogel, 2011; Battilana y Lee, 2014; Connolly et al., 2020). Aranibar et al. (2021), afirman que existen propuestas de un marco normativo de este tipo de empresas en países evolucionado, de distinta forma en cada país.
En Latinoamérica, el afianzamiento de las sociedades BIC se debe al aporte de abogados corporativos que han regulado el marco jurídico de cada país, en base al modelo de las corporaciones de beneficio estadounidenses. En este contexto, la legislación latinoamericana para las sociedades BIC replica tres componentes esenciales: 1) Un propósito de beneficio social y ambiental adicional a la actividad económica, 2) La variación del régimen de responsabilidad de la empresa y 3) La obligatoriedad de un régimen de transparencia y reporte (Connolly et al., 2020). Igualmente, se requiere que las sociedades BIC cambien el estatus que refleje la legitimidad de las acciones sociales y ambientales para cumplir con sus objetivos (Montiel, 2022).
Para Connolly et al. (2020), en Latinoamérica los proyectos de ley que regulan a las sociedades BIC, complementan los modelos societarios existentes y han sido acogidos por distintos actores como la sociedad civil en general, políticos y empresarios. Los autores consideran que en algunos países existen ya leyes aprobadas y otras que están en trámite. Este modelo empresarial se ha extendido en América del Sur a excepción de Bolivia, Venezuela y Paraguay. Corzo y Cuadra (2020), destacaron que el marco normativo para las sociedades BIC de países como Colombia y Perú está basado en tres principios en común: transparencia, responsabilidad, y propósito. La base legal generada para las Sociedades BIC es reciente, en Colombia (2016), Uruguay y Chile (2017), Argentina y Perú (2018), y Ecuador (2020) Álvarez et al. (2021).
Legislación en trámite de los países Brasil, Argentina, Chile, y Uruguay
Según SEGIB et al. (2021), en Brasil se consideró una nueva categorización legal de empresas rentables de emprendimiento voluntario, con propósito y decisiones corporativas de la organización de crear efectos sociales y ambientales positivos, y transparencia, que se comunicarían a través de informes de impacto anuales. Esta es una de las acciones de la Estrategia Nacional de Inversión y Negocios de Impacto, articulando al sector privado, entidades de administración pública federal y la sociedad civil, la propuesta de Ley del Ministerio de Economía se suspendió en 2021. Desde el Senado se solicitó audiencia a la Comisión de Ambiente para promover la calificación de sociedades BIC, actualmente está a la espera de su aprobación en el Senado Federal. (De Barbieri et al., 2022).
En Argentina el Congreso aprobó la Ley de Fomento al Capital Emprendedor en 2017, basada en sistemas de financiamiento de crowdfunding, y un nuevo modelo de sociedad por acciones simplificadas (Reyes, 2018). Esta figura fue la plataforma para que se discutiera el proyecto de ley sobre sociedades BIC (Alcalde, 2018). En 2016 y 2018 se presentó la Ley para Empresas BIC, sin embargo, el debate en el Senado ha sido detenido y sigue en trámite (Connolly et al., 2020).
En Chile, se ha intentado promover el desarrollo de un proyecto de ley especial para dar identidad de las empresas con beneficio, sin lineamientos claros (Universidad de Santiago de Chile, 2016). En 2017 llegó al Congreso una propuesta bipartidista para regular las empresas BIC. En 2018 el poder ejecutivo presentó observaciones, y en 2019, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados no logró llegar a un acuerdo. A falta de un marco normativo específico, tampoco existen incentivos fiscales especiales SEGIB et al., (2021).
En Uruguay en 2017 se presentó ante la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología del Parlamento un proyecto de ley destinado a regular las sociedades BIC, contó con el soporte transversal de todos los partidos políticos (Alcalde 2018), la ley lamentablemente aún no se ha debatido (Connolly et al., 2020).
Legislación aprobada en Perú, Colombia y Ecuador
En Perú, la figura societaria expuesta en la Ley No.26887 (Ley General de Sociedades No.26887, 1997), ha permitido un modelo híbrido, acoplando la naturaleza jurídica de una sociedad anónima con y sin fin lucrativo. En 2021 su reglamento fue aprobado por decreto supremo, con lo que se creó la base para una política pública que promueve el desarrollo empresarial. Su reglamento no permite incentivos fiscales para estas empresas (SEGIB et al. 2021).
En Colombia se presentó el proyecto de ley No.135 de 2016, sobre la creación y desarrollo de las sociedades BIC, la cual requería que el representante legal presente y publique un informe sobre el impacto de la gestión (IIG) (Congreso de la República de Colombia, 2016). En 2018 se aprobó la Ley 1901 y su Decreto 2046. (SEGIB et al., 2021)
La Asamblea Nacional del Ecuador emitió la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, que fue aprobada en 2020. Su objetivo era regular el régimen jurídico de innovaciones empresariales y emprendimientos, incluidas las empresas BIC (Asamblea Nacional, 2020). Esta regulación fue impulsada igualmente por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por lo que en 2019 esta dependencia publicó la medida legislativa y su instructivo (Resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0021. Registro Oficial 107(24-XII-2019), 2019). La reforma a la Ley de Compañías, incluye algunos incentivos y beneficios para las sociedades BIC, tales como la prioridad en procesos de contratación pública cuando exista paridad de precios en las ofertas presentadas, y la reducción del 50% en el pago de contribuciones societarias a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (Ley de Compañías, 2023).
5.
Discusión y conclusiones
En el análisis desarrollado se observan dos factores macro relevantes que afectan la sostenibilidad de los países en Latinoamérica: 1) la desigualdad de ingresos 2) impuestos a emisiones de carbono.
Algunos autores coinciden en que la desigualdad constituye un obstáculo para el crecimiento, desarrollo y sostenibilidad. Las grandes brechas y rezagos a nivel económico y social que sufren los países de América Latina tienen un impacto negativo en el crecimiento económico, la fiscalidad, sostenibilidad ambiental y el mayor acceso de la sociedad al conocimiento, mientras que una reducción de las brechas de desigualdad contribuiría a generar un sistema económico favorable para el aprendizaje, innovación, productividad y protección ambiental. Por ese motivo, es necesario generar un impulso ambiental como eje de la política industrial y el cambio de la matriz energética.
Por otro lado, en la literatura económica se ha discutido mucho la incorporación del ambiente en los modelos macroeconómicos. De hecho, se evalúan los costos y los beneficios de reducir la emisión de contaminantes; en los análisis se incorpora la explicación de cómo una economía de mercado interactúa con el ambiente y el conocimiento. Bajo este contexto, la imposición de impuestos a las emisiones puede ser más efectiva que los controles gubernamentales a través de límites regulatorios, sin embargo, también se ha demostrado que, en algunas industrias, el impuesto lo podrían terminar asumiendo los hogares.
En el ámbito de la sostenibilidad empresarial se aprecia que las organizaciones latinoamericanas están concentrando su atención en las estrategias que orienten su accionar hacia la generación de impactos positivos en lo social y ambiental, a la par que desarrollan su actividad económica, y es interesante destacar que su motivación no sólo es el incremento de la facturación y la búsqueda de mejora continua, sino también la convicción de que la generación del triple impacto es el camino que se debe seguir para el correcto funcionamiento del sistema. Sin embargo, no se pueden omitir aspectos negativos que se observan en la realidad, como las inconsistencias entre el discurso y la acción.
Los estudios analizados demuestran que la sostenibilidad paulatinamente se va introduciendo en todas las áreas de la gestión empresarial, así, está presente en aspectos relativos a la estructura organizacional, como el gobierno corporativo y la estructura del consejo directivo; está influenciando las áreas estratégicas de planificación y evaluación de la gestión, así como también la rendición de cuentas; y desde luego, está integrándose a las áreas operativas, como la contable, el talento humano, la gestión de la comunicación, etc., Esto da cuenta de una correcta comprensión del concepto de sostenibilidad, que es un elemento que no puede ser aplicado aisladamente en determinadas áreas de la empresa; por el contrario, el compromiso con la sostenibilidad requiere de una revisión del modelo de negocio, un cambio en la visión y una redefinición del concepto de éxito y crecimiento. Queda claro que, para una exitosa implementación de estrategias de sostenibilidad en las organizaciones, se necesita del contingente de los grupos relacionados y un cambio en la cultura organizacional. En este sentido, el compromiso y el diálogo son aspectos relevantes.
Se observan resultados interesantes en algunas investigaciones como la de Reyes y Briano (2018), en donde se muestra una relación negativa entre la puntuación ESG y el desempeño financiero, o el hecho de que la presencia de mujeres líderes favorece la rentabilidad económica, pero perjudica el desempeño social y ambiental. Estas temáticas, sin duda, requieren de mayores investigaciones para poder obtener resultados concluyentes.
En relación al marco normativo de las sociedades BIC en Latinoamérica, se observa que, en países como Brasil, Argentina, Chile, y Uruguay, la legislación se encuentra en trámite, especialmente por el desacuerdo entre los actores, mientras Colombia lleva la delantera en el marco normativo puesto que su Ley BIC fue la primera en ser aceptada en la región, en tanto que en el Ecuador, existen avances en la regulación jurídica de las sociedades BIC.
Para finalizar, la crisis social y ambiental es uno de los mayores problemas que enfrentan las sociedades latinoamericanas hoy en día. En este trabajo se ha llevado a cabo un ejercicio de contextualización de la realidad latinoamericana en temas de sostenibilidad, aplicados a nivel de políticas públicas nacionales, empresariales, y de convergencia del marco legal relacionado con el modelo de las sociedades de beneficio e interés colectivo en los países latinoamericanos. Lo anterior nos da una noción de lo extenso que puede llegar a ser el estudio de la sostenibilidad. A pesar de esto, a nivel latinoamericano aún no existe una riqueza de estudios aplicados y el progreso de los modelos de negocio sostenibles en diferentes ámbitos de aplicación no están claros. En este sentido, se realizan algunas propuestas para futuras investigaciones: a) Desde el punto de vista macro o de políticas públicas se puede profundizar los temas relevantes de desarrollo sostenible, enmarcados en problemáticas ambientales y sociales, tratando de responder preguntas como ¿Cómo pueden los impuestos sobre el carbono reducir las emisiones con impactos económicos adversos pequeños?, ¿son más eficientes los impuestos a las emisiones o los controles gubernamentales sobre las emisiones, poniendo límites a estas? Finalmente, ¿Cuáles son los mecanismos de transición energética bajo un enfoque de justicia social y ambiental en los lugares en donde se instalan las inversiones? b) Desde el punto de vista empresarial, proponer futuras investigaciones en temas de productividad verde y el cómo la innovación puede hacer que las empresas sean más productivas, es decir, generar más producto, no solo con menos recursos, sino con recursos amigables con el ambiente. Los insumos intermedios más importantes son el gasto de combustibles, lubricantes y agua. c) Estudios que propongan una convergencia internacional de normas para sociedades de beneficio e interés colectivo a nivel latinoamericano.
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Ximena Moscoso Serrano, 