Popular Consultation on oil exploitation in the Yasuní ITT as resistance to the National development plans in Ecuador
La Consulta Popular sobre explotación petrolera en el Yasuní ITT como resistencia a los planes de desarrollo en el Ecuador
DOI: https://doi.org/10.33324/dicere.v1i1.743
Diana García Orellana, 
1Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local - IIDL, Universitat de València, Valencia, España.
2Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador.
Sonia Siguenza Orellana,
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa, Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador.
Recibido: 07-11-2023 Revisado: 23-04-2024 Aceptado: 11-05-2024 Publicado: 30-05-2024
El presente artículo aborda la reflexión de James Scott en su libro publicado en 1998 ‘Seeing like State’ sobre ¿por qué los grandes planes de desarrollo generados por el estado terminan fracasando? Para Scott, la característica principal es que son proyectos modernistas y tecnológicos occidentales; recalca que no está en contra de tecnología ni la modernidad sino en la manera en la que el estado central lo implementa en sociedades con nociones diferentes al occidentalismo y con un desprecio al conocimiento local, por lo que la organización comunitaria crea resistencia y estos planes fallan. Finalmente, se hace una analogía de esta reflexión con los grandes proyectos petroleros extractivistas en la Amazonía ecuatoriana que se implantan en pro del desarrollo occidental, pero fallan debido a que generan mayor despojo, protesta, desterritorialización y pérdida de la cultura local. Una forma de resistencia a estos proyectos extractivos se plasma en el voto favorable para la consulta popular sobre la explotación al Yasuní ITT, el pasado octubre del 2023.
This article addresses James Scott's reflection in his book published in 1998 'Seeing like State' on why the great development plans generated by the state end up failing? For Scott, the main characteristic is that they are western modernist and technological projects. He emphasizes that he is not against technology or modernity, but rather the way in which the central state implements it in societies with notions different from Westernism and with a disdain for local knowledge. For that reason, the community organization creates resistance, and these plans usually fail. Finally, an analogy is made of this reflection with the large extractive oil projects in the Ecuadorian Amazon that are implemented in favor of Western development, but fail because they generate greater dispossession, protest, deterritorialization and loss of local culture. A form of resistance to these extractive projects is reflected in the favorable vote for the popular consultation on the exploitation of the Yasuní ITT last October 2023.
Plan de desarrollo, Scott, extractivismo, Amazonía, participación comunitaria.
Development plans, Scott, extractivism, Amazonia, community participation.
Citar como: García Orellana, D., & Siguenza Orellana, S. (2024). La Consulta Popular sobre explotación petrolera en el Yasuní ITT como resistencia a los planes de desarrollo en el Ecuador. DICERE Revista De Derecho Y Estudios Internacionales, 1(1), 27–38. https://doi.org/10.33324/dicere.v1i1.743
1 Introducción
¿Cómo los proyectos de desarrollo impulsados desde el estado socavan los derechos adquiridos de participación y expresión democrática? Esta es la pregunta que se aborda en este artículo de reflexión sobre la consulta popular y la explotación petrolera en el Yasuní ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) dentro del volumen de la revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas, con la temática de derechos humanos y empresas: reflexiones críticas.
A menudo, los planes de desarrollo estatales de los países con economías en transición como el Ecuador y, en particular los planes basados en proyectos extractivistas, presentan una falta de transparencia y participación en relación con la socialización y consulta a las comunidades afectadas. Existen casos concretos como los proyectos de minería aurífera de Loma Larga y Río Blanco, en la provincia del Azuay-Ecuador, en donde los derechos de participación y consulta se han visto vulnerados, así como los de libertad civil, debido a la fuerte represión a la protesta, lo que llamó a la acción comunitaria para frenar estos abusos.
Si la democracia es simplemente un asunto de comunidades que gestionan sus propios asuntos a través de un proceso abierto e igualitario de discusión pública, no hay razón para que formas igualitarias de toma de decisión de las comunidades rurales en África o Brasil no deban ser al menos tan dignas del nombre que los sistemas constitucionales que en la actualidad gobiernan a la mayoría de los Estados-nación (Graeber, 2009, p.70).
En este sentido, la participación del pueblo ecuatoriano, expresada el 20 de agosto del 2023 mediante un referéndum nacional junto con las elecciones presidenciales, dio como resultado que casi el 60% de los ecuatorianos votó a favor de detener la explotación al área del Yasuní. Se les hizo la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? (EFE, 2023). Hay que tomar en cuenta que existe una complejidad socio-ambiental y cultural que se refleja en la Provincia de Orellana, donde se encuentra la zona de influencia del ITT, ya que aquí ganó el NO con el 57.99%. En la zona, viven 2.514 personas de siete comunidades indígenas, generalmente divididas por el mismo contexto petrolero (González, 2023).
Sin embargo, el triunfo de esta consulta demuestra un hito histórico en el que los ecuatorianos aspiran a alcanzar el desarrollo mediante otras alternativas diferentes del extractivismo. Desde los años 70s, con las primeras exportaciones de petróleo, hasta la actualidad, no se ha vencido la pobreza que todavía afecta a uno de cada tres ecuatorianos. Con esta premisa, los temas de cambio climático, mitigación y adaptación son importantes y superan el tema económico para gran parte de la población (Loza, 2023).
La Iniciativa Yasuní ITT ha sido un experimento ambiental y social innovador en Ecuador, que ha atraído la atención mundial desde su inicio en 2007, cuando se realizó un primer abordaje en el gobierno de Rafael Correa sobre la no explotación del petróleo en un área tan biodiversa, en pro de su conservación. La propuesta es no extraer el crudo, mantenerlo bajo tierra y evitar, de esta manera, que 407 millones de toneladas de dióxido de carbono se liberen a la atmósfera (Becerra, 2016). Para formalizarlo, en el 2008 se celebró un referéndum nacional para buscar la aprobación pública de la iniciativa (Secretaría de Planificación, 2023). Esta tuvo gran aceptación por parte de la ciudadanía.
Uno de los pilares fundamentales para conseguir el objetivo propuesto era mediante la cooperación internacional, la misma que debería aportar al menos la mitad de las ganancias obtenidas al explotar el crudo y venderlo en el mercado internacional, alrededor de 3.600 millones de dólares por 13 años (Becerra, 2016). Si bien la comunidad mundial expresó su apoyo a la iniciativa en principio, las contribuciones reales fueron insuficientes para que la propuesta fuera financieramente viable.
Por lo tanto, para el 2013, Rafael Correa, anunció la cancelación de la iniciativa Yasuní ITT. Frente a esa decisión, el colectivo ambientalista Yasunidos solicitó una consulta popular para que la ciudadanía decidiera al respecto. Diez años después, tras superar innumerables escollos jurídicos, la Corte Constitucional admitió la solicitud (Rosero, 2023).
Al tomar como referencia la reflexión de Scott en su obra 'Seeing like a State', la cual aborda “las relaciones de poder, los procesos de dominación y las estrategias de resistencia de las clases populares” (Roca, 2017, p. 92), se puede observar que el caso de la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní ITT ilustra estas estrategias de resistencia y defensa del territorio frente al poder estatal. En este contexto, el Estado ecuatoriano, al otorgar concesiones para proyectos extractivos en nombre de un supuesto 'interés nacional', se convierte en el centro de atención y crítica por parte de la sociedad civil y los movimientos ambientalistas.
En este sentido, el actual estado ecuatoriano funciona como poder central, con una ideología liberal basada en esta sociedad moderna, con una fe ciega en la tecnología, el progreso económico, aumento de la producción y dominio de la naturaleza. Esta visión, para la reflexión de Scott, es uno de los cuatro elementos que causan el fracaso al momento de planificar y crear el modelo de desarrollo moderno de un determinado país (Roca, 2017).
El fracaso del estado central para reconocer y valorar las prácticas informales e improvisadas en la sociedad ecuatoriana refleja una brecha entre las políticas gubernamentales y las realidades del terreno. Estas prácticas, arraigadas en la vida cotidiana, abarcan desde redes de apoyo comunitario hasta sistemas de intercambio de recursos y llenan los vacíos dejados por la infraestructura estatal limitada (Roca, 2017). En una sociedad diversa y dinámica como la ecuatoriana, las soluciones técnicas o centralizadas rara vez son suficientes por sí solas. En otras palabras, “lo que escapa en estos diseños alto-modernistas es el conocimiento local, el saber ancestral, el saber hacer por los individuos a partir de la práctica” (Roca, 2017, p.101).
En la misma línea, Castres, citado en Barros (2013), argumenta los mecanismos que ciertas sociedades 'primitivas' —como la amazónica— usan para evitar la concentración del poder y, con ello, la aparición del estado en sus territorios y su resistencia a la dominación por parte del poder central. Este mismo actor central, con los planes de desarrollo nacionales, en particular en los países pobres, perpetúa los problemas sociales y el subdesarrollo que se pretende erradicar (Scott, 1998).
El Estado y las empresas tienen el poder político, institucional y económico para poner en marcha la producción de mercancías, reivindicando la importancia de los sectores estratégicos para el desarrollo económico, nacional y regional. La contestación tiene lugar desde posiciones iniciales desiguales, con los poderosos actores centralizando el control que reprime la protesta. (Vela-Almeida, 2020, p. 1122)
La desterritorialización estatal no es un proceso totalizador, ya que las personas utilizan las mismas estrategias en arreglos diversificados y para cuestionar relaciones socio espaciales particulares (Anthias & Radcliffe, 2015). Por lo tanto, las estrategias de reterritorialización no ocurren en el vacío, sino que actúan como instituciones híbridas utilizadas para cuestionar el uso de la tierra, la toma de decisiones y controlar la capacidad del Estado y sus prácticas neoliberales.
Es así que los movimientos sociales y su participación en la defensa de su territorio y los recursos naturales se han dado a través de acciones colectivas y participativas con uso de mecanismos legales implementados por el mismo estado central. Las protestas, marchas en conjunto con la judicialización de las demandas, han sido vitales para frenar la vulneración a sus derechos. Al hablar de territorio, en este apartado se refiere al:
Espacio relacional más concreto, ahora ya no solamente como un objeto material fijo, sino como dotado de una estructura más compleja, de carácter relacional, sobre todo considerando que el territorio forma parte de la sociedad y, por lo tanto, es indisociable de la misma. (Haesbaert, 2012, p.18)
Así, en los últimos tres años, el sistema judicial en Ecuador fue testigo de un auge de procesos judiciales motivados por la vulneración de los derechos de participación de los pueblos indígenas, campesinos y movimientos sociales en las decisiones sobre proyectos extractivos (Vela, 2020).
2 La intervención del estado central como promotor del desarrollo occidental
El desarrollo como concepto ha perdido su significado en las últimas décadas, ya no se plantea más la idea del desarrollo como las grandes metrópolis americanas con hábitos de consumo excesivo y una vida utópica, vida feliz. El discurso de Truman en 1949, donde expresa la preocupación de la pobreza y que Estados Unidos tiene el conocimiento y la capacidad de solucionar este problema, crea una imagen homogénea de cómo se debe llevar el bienestar, al ignorar las múltiples cosmovisiones de la concepción del mundo y la armonía con lo humano y no humano (Lanús, 2022).
Es así que, a nivel internacional, se construye un aparataje con bancos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, e instituciones canalizadoras, para la implementación de este modelo de desarrollo occidental en los países subdesarrollados, mediante agencias de cooperación y organismos no gubernamentales fundados en los países desarrollados.
En este modelo de desarrollo, el actor principal es el estado central, el cual tiene el poder y las facultades legales para implementar medidas en pro del interés nacional y el crecimiento económico. Es un Estado que controla y ejerce poder sobre todo el territorio, que hace de oídos sordos a los reclamos y derechos de las comunidades rurales e indígenas donde se han implementado estos grandes proyectos extractivos desde los años 70s.
La pregunta principal que se hace Scott (1998) es: ¿Por qué los grandes planes a gran escala para mejorar la condición humana han fracasado? Este autor pone de ejemplo ciertos proyectos nacionales de desarrollo como la Colectivización Stalinista en la Unión Soviética, el Gran Salto Adelante para industrializar China, y demás modelos modernistas que otros países en vías de desarrollo han optado por implementar y gestionar. La implementación de estos proyectos se realizó con un gran aparataje que incluye la creación de más ciudades, introducción de modernos sistemas legales y fiscales, desarrollo de la agroindustria, entre otros (Bari & James, 1998).
En casi todos los casos ha habido fracasos y resistencias activas o pasivas por parte del pueblo, al que van dirigidas estas estructuras. Así mismo, los resultados de la implementación de los planes de desarrollo fueron bastante diferentes de lo que se pretendía, y sus costos también fueron significativos (Bari & James, 1998).
El común de estos programas es que comparten como características ciertas visiones modernistas basadas en tecnología y ciencia moderna occidental. Este lado oscuro de la modernidad contiene, en su sombra, la reproducción de la colonialidad que está presente como una matriz de poder y genera dependencia (Mignolo, 2011). Esta dependencia crea simplicidad en los programas, intenta reducir la complejidad de la sociedad a un orden legible y de objetivos simples a los planes. Todo lo anterior se logra estandarizando las cosas e implementando la misma 'lógica' en todas las regiones y ciudades.
En la mayoría de los casos, las personas se vieron privadas no solo de la libertad de hacer las cosas como las hacían, sino en muchos casos de la capacidad de aplicar el conocimiento local para satisfacer las necesidades de manera adecuada y correcta. Las visiones modernistas de la sociedad, la tecnología y las formas de ser no han sido amables con el conocimiento y las formas de ser locales y, a veces, los destinatarios de la pérdida son los más pobres, especialmente en una sociedad como la ecuatoriana donde existen diversidad de nacionalidades, lenguaje y cosmovisión. (Bari & James, 1998, p.76)
Los esquemas legibles de la población no solamente se necesitan para los planes de desarrollo, sino también para aumentar el control de las personas y la producción. Es decir, las personas son más legibles por su identidad o número de registro único de contribuyente para abrir la tributación y una sociedad, al ser homogénea, es más legible para mayor control y poder.
Algunos autores conciben la potencia de la sociedad (en colectivo) como única vía de libertad. Esta es concebida desde “la libertad de uno no termina donde comienza la del otro, sino que se realiza en la libertad de los demás, y la libertad solo se realiza en sociedad, en la sociedad como un todo libre” (Gayubas, 2012, p.25). En este sentido, la sociedad se resiste a un estado que no considera las organizaciones y conocimientos de base y genera despojo del territorio en pro de un interés nacional para proyectos extractivistas, sin importar lo que esto lleva a las comunidades de base, que se encuentran en el área de interés.
Las diferentes cosmovisiones, racionalidades y filosofías en el mundo permiten a los pueblos indígenas ir más allá de las comprensiones antropocéntricas de cómo funciona el mundo (Trownsell et al., 2021). Sin embargo, estos pueblos indígenas se enfrentan a un creciente número de amenazas causadas, entre otras, por el cambio climático y la globalización. En Ecuador, debido a su pasado colonial, la reproducción del paradigma moderno, el acaparamiento de tierras, el avance de industrias extractivas destructivas, etc., ha provocado tanto la subordinación de cosmovisiones nativas como los shuares y andinas (Fernández, 2015) y un impacto severo a sus formas de vida.
Como ejemplo, algunos estudios demuestran que la diversidad de las lenguas indígenas a nivel mundial ha disminuido en un 21% durante el período 1970-2005. En este contexto, los investigadores argumentan que la pérdida de diversidad biológica y cultural están: 1) intrínsecamente vinculadas (Moore et al., 2002; Tershy et al., 2015); 2) están impulsados por las mismas fuerzas, amenazas y presiones comunes; y 3) tienen profundas implicaciones para el mantenimiento de la vida en la Tierra (Loh & Harmon, 2005; Maffi 2005, en Fernández, 2015).
La acción colectiva, la organización social y los colectivos sociales tienen posibilidades de influir en la toma de decisiones; tienen potencial para convertir los mecanismos procesales y administrativos de espacios consultivos en prácticas concretas en el ámbito político. Sin embargo, estos mecanismos solamente pueden lograr un éxito relativo dentro de los límites de los nuevos emprendimientos del capital en los territorios; no necesariamente desafían todo un sistema de formas de vida (Vela, 2020).
Un ejemplo de influir en la toma de decisiones es mediante mecanismos de democracia directa como la consulta popular en el bloque Yasuní ITT. Este es un resultado de lucha, protesta y resistencia por más de una década de colectivos ambientalistas nacionales con apoyo desde organismos internacionales, que no se termina con este logro, sino que continúa con las distintas demandas sociales en pro de un bienestar en armonía con la naturaleza.
3 La Consulta Popular como mecanismos de democracia directa y resistencia
El contraste entre las prácticas informa les arraigadas en la sociedad ecuatoriana y las acciones adoptadas por el propio estado, especialmente en relación con la extracción de recursos naturales, es evidente en varios niveles. Por un lado, las comunidades locales a menudo recurren a estrategias informales para proteger sus territorios y recursos naturales de la explotación descontrolada por parte de empresas extractivas, como la organización de movimientos sociales, la realización de consultas populares o la implementación de mecanismos de resistencia civil pacífica (De Castro et al., 2015).
Según estos mismos autores, estas acciones pueden contrarrestar los esfuerzos del Estado ecuatoriano, que históricamente ha promovido políticas de desarrollo basadas en la extracción de recursos naturales como el petróleo y la minería. A pesar de los intentos del Estado de justificar estas acciones en nombre del desarrollo nacional, las comunidades afectadas a menudo cuestionan los impactos socioambientales y económicos de estos proyectos, así como su legitimidad en términos de consulta y participación ciudadana.
En este sentido, el contraste entre las prácticas informales de resistencia y las acciones estatales de promoción de la extracción de recursos naturales puede llevar a un proceso de balanceo, donde la sociedad civil busca influir en las políticas y decisiones del Estado, mientras que el Estado busca mantener su agenda de desarrollo económico. Este proceso puede generar tensiones y conflictos, pero también puede abrir espacios para el diálogo y la negociación entre diferentes actores sociales y políticos, con el objetivo de alcanzar un equilibrio más justo y sostenible entre la conservación ambiental y el desarrollo económico. En última instancia, la interacción entre las prácticas informales y las acciones estatales puede influir en la forma en que se gestiona y se utiliza el patrimonio natural del país, y en cómo se equilibran las necesidades de las comunidades locales con los intereses económicos y políticos a nivel nacional (De Castro et al., 2015).
Específicamente, el extractivismo en Ecuador se convirtió en un proyecto político y económico estratégico, en torno al cual giraban los discursos de desarrollo y nuevas formas de extracción amigables con el medioambiente (Davidov, 2013). Sin embargo, lejos de la realidad, este proyecto afectó a los campesinos y comunidades indígenas, las cuales usaron ciertos mecanismos de participación democrática como la Consulta Popular, silla vacía, entre otras que, en la práctica, para su activación, se requiere un mayor esfuerzo para ser efectivizada.
Según Ayala (2020), “las propuestas iniciadas por la ciudadanía pueden incluir temas de interés nacional, las mismas que requieren el 5% de apoyo del electorado a través de firmas; y temas de interés local o subnacional, requieren 10% de apoyo del electorado” (p. 85). En el caso de la consulta popular sobre el Yasuní ITT que se hizo a nivel nacional, requirió del 5% de apoyo del electorado. Un punto a considerar es cuán efectivas son las consultas populares que nacen desde la ciudadanía, en comparación con las que se generan desde el ejecutivo.
Ayala (2020) concluye, que, si bien los mecanismos de participación ciudadana se establecen y son más accesibles desde la Constitución del 2008, a partir del 2011 se pusieron nuevos requisitos legales que dificultaron el acceso; adicionalmente, argumenta que la eficacia de los mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular va a depender de quién la propone, si la ciudadanía o el Estado central.
Es decir, si una propuesta de consulta popular se inicia desde la ciudadanía, los requisitos legales van a ser mayores y más estrictos que si la consulta se la propone desde el ejecutivo. Además, los mecanismos de participación directa “no se encuentran totalmente abiertos para la universalidad y diversidad de ciudadanos” (Ayala, 2020, p.88), cuestión que no se aclara a la ciudadanía para su entero acceso a los asuntos públicos.
Finalmente, ante todo pronóstico y luego de una década, se pudo lograr mediante la consulta popular la expresión del pueblo sobre la protección de uno de los lugares más biodiversos del planeta y hogar de los últimos indígenas no contactados. El gobierno de Guillermo Lasso desconoce, por ahora, los resultados de la consulta y dejará en manos del próximo gobierno todo el protocolo para el desmontaje necesario para hacer cumplir la voz popular.
4 Conclusión
Desde un análisis crítico, se concluye que la noción tradicional de desarrollo ha resultado en un ideal opresivo, al imponer una única visión de una 'buena vida' basada en la acumulación material, al excluir otras formas de bienestar. La corriente postdesarrollista emerge como un intento de desmantelar este falso ideal, al promover una comprensión más amplia de las relaciones entre humanos y no humanos, ya que propone una visión de armonía entre la humanidad y la naturaleza como posible paradigma alternativo.
Desde la perspectiva de James Scott, se critica enérgicamente los proyectos de modernización impulsados por el Estado, al subrayar las limitaciones y peligros de los enfoques de gobernanza centralizada, altamente modernistas, que ignoran las diversas concepciones de bienestar. Esta resistencia al desarrollo occidental, impuesta por el Estado y en desacuerdo con las cosmovisiones locales, desencadena un movimiento de contraataque a los grandes planes de desarrollo. A lo largo de los años, se han presenciado innumerables actos de lucha y protesta por parte de las comunidades locales en un esfuerzo por reclamar el control sobre sus recursos naturales y su territorio. La consulta popular, como expresión directa de la voluntad ciudadana en el caso de la explotación del Yasuní ITT, ha generado un intenso debate y ha revelado una profunda división en la visión de desarrollo del país.
No obstante, se requiere una investigación más exhaustiva para determinar si estrategias como la consulta popular tienen un impacto político significativo en la toma de decisiones sobre el uso y control de los recursos naturales, especialmente dadas las asimetrías de poder, conocimiento e influencia económica entre los actores involucrados. El futuro podría marcar un punto de inflexión, donde el gobierno actual decida si continúa ignorando los procesos de democracia directa o si abre paso a un diálogo multi-actor para proteger uno de los lugares más biodiversos del planeta.
Es crucial reconocer la diversidad étnica y cultural del Ecuador y comprender la profundidad de la desigualdad en la sociedad para generar planes de desarrollo verdaderamente inclusivos. Esta diversidad, que enorgullece cuando se manifiesta en la naturaleza, se vuelve incómoda cuando se traduce en protestas y resistencia para que las diversas voces y derechos sean escuchados y respetados. En última instancia, un enfoque crítico nos invita a repensar y redefinir el concepto mismo de desarrollo, al priorizar la sostenibilidad, la equidad y la diversidad cultural y ambiental.
Contribución de autoría:
Diana García-Orellana: Conceptualización, Supervisión, Escritura – borrador original, Administración del proyecto.
Sonia Siguenza Orellana: Visualización, Escritura – revisión y edición.
Conflicto de intereses:
El autor declara que no existen conflictos de intereses.
Agradecimientos:
Las autoras desean expresar su agradecimiento al colectivo YASUNIDOS Guapondelig por su valioso aporte conceptual. Asimismo, agradecen a la Universitat de Valencia y la Universidad de Cuenca por su respaldo en las actividades de investigación realizadas por sus doctorandas; finalmente, las autoras desean agradecer a la Universidad del Azuay por su eficiente gestión administrativa y por su apoyo académico y financiero.
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